La nobleza de una buena persona se levanta sobre cimientos de la ética, la integridad o la práctica inquebrantable de la buena fe.
Precisamente, esta nobleza debemos llevarla a todos los ámbitos de nuestra vida, incluido, por supuesto, el ámbito laboral e incluso de forma más impecable si desempeñamos un empleo o cargo público, donde nuestro comportamiento y el desempeño de nuestras funciones debe ser siempre ejemplar.
Nuestro sistema legal, precisamente, protege estos cimientos, y castiga con dureza a quien los incumple.
En este artículo hablaremos, precisamente, de uno de los delitos que tipifica nuestro código penal: la prevaricación.
La prevaricación no es solo una violación legal, sino también una afrenta moral que socava la base misma de la equidad y la integridad.
Genera un sentimiento de injusticia, indignación y desesperanza entre aquellos que buscan un sistema justo y equitativo y es contraria a la buena fe.
En este artículo radiografiaremos el delito de prevaricación. Veremos en qué consiste, cuál es su regulación y en qué se diferencia del delito de cohecho. También veremos qué tipos de prevaricación existen y algunos ejemplos de cada uno de ellos.
¿Qué es prevaricación?
El delito de prevaricación se refiere a la conducta de una autoridad o funcionario público que, estando en el ejercicio de sus funciones, toma decisiones arbitrarias o ilegales a sabiendas de que van en contra de la ley.
Para que se considere prevaricación, es necesario que el funcionario en cuestión haya obrado con mala fe, es decir, con pleno conocimiento de que está actuando ilegalmente y que exista un claro desprecio por la legalidad vigente.
Marco jurídico del delito de prevaricación
Para entender qué es prevaricación debemos acudir al Código Penal.
En el Código Penal español, puedes encontrar disposiciones específicas relacionadas con la prevaricación.
El artículo 404 del Código Penal establece las pautas sobre la prevaricación administrativa. Este artículo aborda la conducta de autoridades o funcionarios públicos que dictan resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia en asuntos administrativos.
El artículo 446 del Código Penal, por su parte, regula la prevaricación judicial. Este artículo se ocupa de la conducta de jueces o magistrados que, con conocimiento de su injusticia, dictan resoluciones arbitrarias en el ejercicio de sus funciones judiciales.
¿Cuál es la diferencia entre prevaricación y cohecho?
La prevaricación y el cohecho son dos conceptos legales distintos, pero, a menudo, caminan juntos de la mano, por lo que tienden a confundirse.
En cuanto a su definición, por un lado, nos encontramos la prevaricación, es decir, cuando una autoridad o funcionario público, en el desempeño de su empleo o cargo público, decide llevar a cabo ciertas decisiones arbitrarias o ilegales a sabiendas de que van en contra de la ley.
Es decir, un abuso de autoridad consciente y deliberado.
El cohecho, por su parte, se refiere al acto de ofrecer, dar, solicitar o recibir algo de valor con la intención de influir en las acciones de un funcionario público. Involucra un intercambio de favores, como sobornos o dádivas.
La prevaricación puede darse sin que haya cohecho, es decir, de forma unilateral, donde la autoridad o funcionario público decide llevar a cabo ciertas decisiones indebidas o dicte una resolución injusta a sabiendas sin que un tercero le ofrezca beneficios a cambio.
Sin embargo, para que exista el cohecho también tiene que existir la prevaricación, ya que, implica un intercambio de favores entre quien ofrece el beneficio (parte activa) y quien recibe el beneficio ( parte pasiva).
Por ejemplo, imagina a Susana, funcionaria pública que trabaja en un departamento del ayuntamiento de su ciudad encargado de aprobar licencias de funcionamiento para locales comerciales. Susana, con pleno conocimiento de que ciertos locales no cumplen con los requisitos legales para operar debido a problemas de seguridad o incumplimiento de normativas, decide otorgarles igualmente las licencias a cambio de recibir sobornos de los propietarios de esos establecimientos.
En este caso, Susana comete prevaricación al emitir licencias a sabiendas de que están violando las normativas de seguridad y reglamentos establecidos. Al mismo tiempo, está incurriendo en cohecho al aceptar dádivas o sobornos por parte de los propietarios de los locales a cambio de tomar decisiones favorables y concederles las licencias ilegalmente.
Penas para la prevaricación y el cohecho
Tanto la prevaricación como el cohecho se castigan en nuestro Código penal con penas de multa, prisión e incluso la inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Ambos son actos ilícitos que comprometen la integridad de la función pública y pueden tener consecuencias legales significativas.
¿Con qué penas se castiga la prevaricación?
Puede dar como resultado sanciones como la inhabilitación especial para empleo o cargo público, para ejercer funciones públicas, multas o incluso penas de prisión.
La suspensión dependerá de la gravedad del delito, así como la correspondiente multa.
La pena será una multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial de 6 a 10 años si la sentencia determina que el hecho que juzga ha sido un delito leve,
La multa es de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 10 a 20 años si se dicta cualquier otra sentencia o resolución injusta.
¿Con qué penas se castiga el cohecho?
Puede dar como resultado sanciones similares, incluida la inhabilitación y penas de prisión, pero también puede afectar a ambas partes involucradas en el intercambio.
Al igual que el delito de prevaricación, el delito de cohecho tiene la consideración en el Código Penal como un delito de abuso de poder contra la Administración Pública.
El delito de cohecho conlleva una pena de prisión de tres a seis años y una multa de doce a veinticuatro meses, además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de entre nueve a doce años.
Tipos de prevaricación
La prevaricación es un concepto legal que implica el abuso de autoridad por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Como hemos visto, en términos generales, se refiere a la toma de decisiones arbitrarias o ilegales, con pleno conocimiento de que dichas decisiones son contrarias a la ley.
Aunque el término se utiliza de manera general, en el ámbito jurídico se distinguen algunos tipos específicos de prevaricación, cada uno con características particulares.
Prevaricación Administrativa
La prevaricación administrativa, en esencia, se produce cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, toma decisiones arbitrarias o ilegales que van en contra de la normativa legal aplicable.
Esto puede incluir la emisión de actos administrativos contrarios a la ley o la omisión de deberes que la normativa exige.
Prevaricación Judicial
En el ámbito judicial, la prevaricación se refiere a la actuación de un juez o magistrado que dicta resoluciones arbitrarias o ilegales con pleno conocimiento de que van en contra de la ley.
Esto puede incluir decisiones injustificadas, maliciosas o evidentes abusos de poder por parte de un funcionario judicial.
Por ejemplo, un juez decide absolver a un acusado a pesar de tener pruebas contundentes en su contra, simplemente porque el acusado es amigo cercano del juez y desea favorecerlo, a pesar de que la ley dicta una condena clara.
Prevaricación Urbanística
La prevaricación urbanística se relaciona con decisiones ilegales o arbitrarias tomadas por funcionarios públicos en el ámbito de la planificación y gestión urbanística.
Esto puede incluir la aprobación de proyectos que violan normativas de construcción o el otorgamiento irregular de licencias urbanísticas.
Un funcionario público, encargado de otorgar licencias de construcción , emite permisos a personas que no han superado los requisitos correspondientes, actuando de forma arbitraria y sin seguir los procedimientos legales establecidos.
Prevaricación Económica
La prevaricación económica involucra a funcionarios que, en el ejercicio de sus responsabilidades, toman decisiones ilegales relacionadas con aspectos financieros o económicos.
Esto puede incluir la malversación de fondos públicos, la adjudicación irregular de contratos o cualquier acto que perjudique los intereses económicos del Estado.
Un director de una institución educativa decide asignar los fondos destinados a mejoras en infraestructura a una empresa en la que tiene intereses personales, a pesar de que existen otras opciones más convenientes y económicas para la institución.
Prevaricación Medioambiental
En el ámbito medioambiental, la prevaricación ocurre cuando los funcionarios públicos adoptan decisiones contrarias a las leyes de protección del medio ambiente.
Esto puede incluir la autorización indebida de actividades que causen daño ambiental significativo o la omisión de deberes relacionados con la preservación del medio ambiente.
Por ejemplo, un funcionario forestal recibe denuncias reiteradas sobre actividades de tala ilegal en un área protegida, pero decide no actuar ni investigar dichos informes a pesar de tener la obligación de hacerlo.
Otro ejemplo sería el alcalde que autoriza la construcción de un complejo turístico en una zona designada como reserva natural o área protegida, sabiendo que está prohibida por la normativa ambiental vigente.
Prevaricación Política
La prevaricación política aborda situaciones en las que los representantes políticos toman decisiones ilegales o arbitrarias que afectan el interés general. Puede incluir actos que van en contra de la legalidad o la ética en el ejercicio de funciones políticas.
Un ejemplo de ello es cuando un alcalde, en contra de las normativas urbanísticas, autoriza la construcción de un edificio en una zona protegida, ignorando los informes técnicos que indican que la obra afectará negativamente al entorno y violará las regulaciones establecidas.
