Hasta ahora, ser funcionario en España garantizaba estabilidad laboral y salarial hasta la jubilación, además de otras muchas condiciones favorables. Sin embargo, el sorpresivo Real Decreto de la Ley de Función Pública, aprobado por el Gobierno tras no concretarse con los sindicatos en la legislatura anterior, ha hecho tambalear esta creencia.
Ahora, parece ser que todos los funcionarios deberán demostrar su rendimiento mediante pruebas de evaluación, según anunció el ministro Félix Bolaños tras el Consejo de Ministros. Estas medidas tienen como objetivo principal modernizar y europeizar la Administración Pública en España.
Estas reformas, algunas provenientes del Estatuto Básico del Empleado Público del 2006, se centran en fortalecer la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos.
El ministro afirmó que esto servirá para valorar su comportamiento, rendimiento, desempeño de su puesto de trabajo y el logro de metas.
Además, se introduce la posibilidad de ascender horizontalmente en su carrera profesional desde el mismo puesto en la empresa o la Administración Pública, además de que se establecen regulaciones para los directivos públicos.
Si te interesa el tema, quédate por aquí y acompáñame en la lectura de este artículo, donde veremos los puntos más relevantes de la Nueva Ley de Función Pública.
¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Función Pública?
El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo o, simplemente, Nueva Ley de Función Pública entrará en vigor, tal y como se dispone en su propio texto, dentro de los meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Su publicación en el BOE se produce el 20 de diciembre de 2023, por lo que, presumiblemente, antes de finalizar febrero de 2024 entrará en vigor.
Sin embargo, cabe destacar que la propia norma indica que las evaluaciones no tendrán consecuencias en las dos primeras anualidades tras su implementación.
¿Cuál es el espíritu y fundamento de la nueva ley de función pública?
A pesar de su aprobación repentina, la reciente normativa se ha basado en gran medida en el anteproyecto de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, aprobado exactamente hace un año, además de tomar pinceladas del Estatuto Básico del Empleado Público del 2006.
El principal cambio, y el que más polémica y preocupación ha suscitado, es la evaluación individual del desempeño de los funcionarios.
Aunque este nuevo enfoque ya estaba mencionado en el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, no ha sido bien recibido por los sindicatos. Los sindicatos se oponen a este punto, ya que modifica la práctica anterior donde se evaluaba el rendimiento de todo el colectivo que ocupaba un mismo cargo.
Varias disposiciones de la nueva normativa implican una evaluación individual de cada funcionario, ascensos horizontales, aumentos salariales o transferencias a los resultados obtenidos en dicha evaluación, siguiendo un proceso similar al empleado para evaluar a los trabajadores de empresas privadas.
Aunque no se proporcionan detalles sobre los métodos o la frecuencia de estas evaluaciones en la normativa recién establecida, se deja la responsabilidad de su implementación a los profesionales de Recursos Humanos en la Administración Pública.
Sin embargo, la nueva normativa sí hace hincapié en la obligatoriedad de esta medida, mencionando la posibilidad de perder el puesto (que no la condición de funcionario) en caso de incumplimiento o de no alcanzar los estándares mínimos exigidos.
¿Se puede perder la condición de funcionario con la Nueva Ley de Función Pública?
La Agencia Tributaria, a través de un comunicado, ha planteado las nuevas y obligatorias evaluaciones de desempeño con una perspectiva constructiva, buscando mejorar la productividad para garantizar un mejor servicio público.
Hacienda asegura que estas evaluaciones no supondrán la pérdida de la condición de funcionario para aquellos que no las superen.
En lugar de ello, se enfocarán en brindar oportunidades de formación para equipar a los empleados con las herramientas necesarias para mejorar su rendimiento.
En este aspecto, la evaluación de los empleados públicos fue un tema que en el que ya se había llegado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, durante las negociaciones del proyecto de ley presentado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, no se pudo concretar debido al adelanto electoral de las elecciones generales.
Principales novedades de la Nueva Ley de Función Pública
Después de que el Gobierno aprobase en el Consejo de Ministros varios aspectos de esta nueva ley, son numerosas las dudas que asaltan sobre todo a aquellos funcionarios que ven peligrar su puesto de trabajo o las condiciones del mismo.
A continuación, vamos a ver algunas de las claves de esta nueva ley que puso en vilo a los empleados públicos de nuestro país.
Ascenso en horizontal
Uno de los términos más asociados a esta nueva ley es el de «ascenso en horizontal» o «carrera en horizontal».
Con ello, básicamente, se refieren a que aquellos funcionarios públicos podrán mejorar sus condiciones laborales sin la necesidad de cambiar de puesto de trabajo o categoría de grupo.
Procesos de acceso y selección más ágiles
Con esta nueva ley, el Gobierno pretende que los procesos de acceso y selección de los empleados públicos sean más fluidos y rápidos, tanto a la hora de la ejecución de la convocatoria de cualquier oposición, como a la hora de que los nuevos funcionarios ocupen sus plazas de trabajo.
Por ello, indican que la publicación de convocatorias de oposiciones se deberá ejecutar en un máximo de dos años y que el propio proceso de oposición nunca deberá durar más de un año.
Además, la nueva normativa también plantea la posibilidad de que aquellas plazas que queden sin cubrir tras el correspondiente proceso de oposición, se puedan volver a ofertar si no han transcurrido más de tres años desde la publicación de la propia oferta.
Creación de un directorio de «talento interno»
Se contempla la formación de un directorio con el propósito de simplificar la administración del talento interno, al cual los empleados podrán inscribirse de manera voluntaria.
Además, se establece que la Secretaría de Estado de Función Pública llevará a cabo convocatorias regulares y permanentes para concursos abiertos que permitirán ocupar los puestos vacantes en diversos ministerios.
Por tanto, podemos concluir que lo que se pretende con esta nueva ley es incentivar la productividad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, premiando a aquellos que más se esfuercen y que más productivos resulten en sus puestos de trabajo.
