Cualquier padre o madre se espera que al centro educativo al que acuden sus hijos, además de un lugar de enseñanza, debería ser un espacio de confort, respeto y seguridad para ellos.
La profesión de docente es una figura importante en nuestra sociedad que implica no solo enseñar una materia en sus clases, sino también, tratar a todos y cada uno de sus pupilos con el máximo respecto.
Sin embargo, en ocasiones, esto no ocurre y, son los propios docentes los que se extralimitan y provocan situaciones desagradables y moralmente muy cuestionables hacia sus alumnos o alumnas.
Este tipo de situaciones, que, aunque nunca deberían darse, pueden tener sus consecuencias para el docente, como la apertura de un expediente disciplinario o incluso la interposición de una denuncia, tanto al profesor en cuestión como al centro.
En este artículo vamos a ver todo lo relativo al tema, para tratar de entender este problema y ver qué podemos hacer en el caso de que un profesor se haya extralimitado.
Veremos qué es un expediente disciplinario a un profesor y cuál es su marco legal. Además, también veremos los motivos para abrir expediente disciplinario a los profesores y otras cuestiones que son importantes para entender nuestros derechos respecto al tema.
Quédate por aquí y empecemos con la lectura de este artículo.
¿Qué es un expediente disciplinario?
Las actuaciones de un profesor, bien sea docente en una escuela, instituto de enseñanza secundaria u otro centro de formación, si son inapropiadas, pueden (y deben) tener sus consecuencias.
Un expediente disciplinario a un profesor, básicamente, es un documento oficial que se crea cuando este se enfrenta a acusaciones de conducta inapropiada o vulneración de políticas y reglamentos establecidos por la propia institución educativa en la que trabaja, el sistema educativo al que pertenece o, por supuesto, cuando incurre en incumplimiento de la propia ley.
Este expediente puede ser iniciado por la administración de la propia escuela, de la junta escolar o del departamento de educación. Suele implicar un proceso formal que incluye la recopilación de pruebas, entrevistas y la evaluación de la situación.
El expediente disciplinario puede llevar a cabo a diversas acciones, dependiendo de la gravedad de las alegaciones y las políticas de la institución.
Esto puede incluir advertencias, suspensiones, despidos o incluso acciones legales si se determina que la conducta del profesor ha violado leyes o regulaciones.
Es importante tener en cuenta que un expediente disciplinario no implica automáticamente la culpabilidad del profesor.
El proceso debe garantizar una investigación imparcial y justa para determinar si las alegaciones son fundadas y, en caso afirmativo, cuál debe ser la acción adecuada a tomar.
La regulación del expediente disciplinario
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuyo texto consolidado fue aprobado mediante el Real Decreto 5/2015 el 30 de octubre, desempeña un papel fundamental en la regulación de las cuestiones disciplinarias que afectan a los funcionarios públicos.
En particular, los artículos del 93 al 98 del EBEP abordan los aspectos relacionados con las medidas disciplinarias.
Este marco legal se complementa con lo establecido en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, conocida como la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRSJP), así como con las disposiciones contenidas en el Título. II del Real Decreto 33/1986 del 10 de enero, que aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (RDFAE).
Además, es importante tener en cuenta que, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se desempeñe la función pública, existen normativas procesales específicas que también deben ser consideradas en el proceso disciplinario.
¿Cuáles son los motivos por los que se puede denunciar a un profesor?
El ejercicio de la profesión docente es una labor de vital importancia en la formación y desarrollo de los estudiantes.
Los profesores tienen la responsabilidad de guiar, educar y crear un entorno seguro y enriquecedor para el aprendizaje, además de cumplir escrupulosamente todas sus funciones.
Sin embargo, existen circunstancias en las que la conducta de un profesor puede ser motivo de la apertura de un expediente disciplinario.
A continuación, se presentan diez motivos que podrían llevarse a cabo a tal medida.
Realizar sus funciones de forma correcta
Un docente está obligado a cumplir con las responsabilidades y tareas que le corresponden en su rol educativo, y, si no lo hace, esto puede tener diversas implicaciones negativas tanto para los estudiantes como para la institución educativa en la que trabaja.
Los profesores tienen la obligación de planificar y llevar a cabo sus clases forma efectiva (cumplir horarios, impartir la materia de forma adecuada).
También deben evaluar a sus alumnos de forma justa. Esto implica una forma de examinar proporcional y adecuada y una forma de evaluar totalmente imparcial.
Abuso de autoridad y poder
Un profesor debe ejercer su autoridad con responsabilidad y respeto, por lo que, jamás y bajo ningún concepto, debería faltarle al respeto a un alumno o tener un comportamiento abusivo con él.
El abuso de poder puede manifestarse en comportamientos como la intimidación, castigos desproporcionados, pero también, mostrando un trato de favoritismo hacia alguno de sus alumnos.
Mantener el deber de sigilo
El deber de sigilo en España se refiere a la obligación legal y ética de mantener en secreto cierta información confidencial a la que una persona tiene acceso en el ejercicio de su profesión o cargo.
Cuando hablamos del deber de sigilo de los profesores en España se refiere a la obligación legal y ética de mantener en secreto cierta información confidencial a la que tienen acceso en el ejercicio de su labor docente, tanto para con el centro en el que trabajan, como para con sus alumnos y alumnas e incluso con sus familias.
Esto implica que los profesores no pueden divulgar información personal o confidencial sobre sus estudiantes sin el consentimiento de estos o de sus padres o tutores legales.
El deber de sigilo de los profesores abarca aspectos como el rendimiento académico, la conducta, la salud y otros datos personales de los estudiantes.
Maltrato verbal o emocional a los alumnos
Las palabras tienen un impacto profundo en los estudiantes, sobre todo cuando estos son niños o adolescentes.
Un profesor que utiliza un lenguaje inapropiado, humillante o despectivo puede causar un daño significativo en el bienestar emocional y psicológico de los alumnos.
Discriminación o trato injusto
Todos los estudiantes merecen ser tratados con igualdad y respeto, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual o cualquier otra característica. La discriminación o el trato injusto hacia ciertos alumnos es inaceptable.
Incumplimiento de políticas y reglamentos de la institución
Los profesores están sujetos a las políticas y reglamentos de la institución educativa en la que trabajan. El incumplimiento de estas normas, ya sea en relación con la seguridad, el código de conducta o cualquier otra área, puede ser motivo de expediente disciplinario.
Falta de ética profesional
La integridad y ética son fundamentales en la profesión docente. Cualquier comportamiento que viole estos principios, como el fraude académico, la falta de transparencia o el conflicto de intereses, puede justificar la apertura de un expediente.
Infracciones graves de seguridad
La seguridad de los estudiantes es una prioridad absoluta. Un profesor que incumple gravemente las medidas de seguridad establecidas, poniendo en riesgo la integridad física de los alumnos, puede enfrentar acciones disciplinarias.
Acoso o abuso a los estudiantes
El acoso escolar, ya sea físico, verbal o psicológico, es inaceptable en cualquier contexto educativo. Un profesor que participe en tales comportamientos debe ser investigado y, si se confirma, enfrentar las consecuencias legales y disciplinarias correspondientes.
Comportamiento inapropiado fuera del horario escolar
Aunque los profesores tienen una vida personal, ciertos comportamientos fuera del horario escolar pueden tener un impacto en su aptitud como docentes.
Actividades ilegales o conductas que violan la ética profesional pueden justificar la apertura de un expediente.
Negligencia en la atención y cuidado de los alumnos:
Los profesores tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de los estudiantes durante el tiempo que están a su cargo. La falta de diligencia o cuidado que resulte en daños a un alumno puede ser motivo de expediente disciplinario.
¿Cuándo debemos acudir a la inspección de educación?
Dentro de la Institución educativa, el Servicio de Inspección Educativa, desempeña un papel fundamental como un órgano administrativo público que trabaja en pro de la mejora de la calidad educativa.
Su labor abarca la verificación del cumplimiento de las normativas, el asesoramiento y la supervisión constante.
Los inspectores de educación, funcionarios públicos dedicados a la esfera educativa, colaboran con la administración para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, a cubrir desde la labor docente hasta la dirección de las instituciones educativas.
En todo momento, su misión principal es velar por el cumplimiento de la legislación vigente.
La inspección educativa se rige por un marco legal establecido a nivel estatal, y en particular, se encuentra definida en la Ley Orgánica 3/2020, fechada el 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, conocida como la Ley de Educación.
Esta legislación establece las bases para el funcionamiento y la regulación de la inspección educativa en el contexto educativo.
¿Qué funciones tiene un inspector de educación?
Un inspector de educación es aquel funcionario público cuyo trabajo consiste en velar por el correcto cumplimiento del funcionamiento del sistema educativo, de acuerdo a los parámetros de la ley y del propio centro.
De acuerdo con la normativa educativa actual, las responsabilidades de un inspector son las siguientes:
- Evaluar y supervisar el desempeño organizativo y pedagógico de los centros educativos.
- Observar y mejorar la práctica docente y la gestión escolar.
- Contribuir a la evaluación del sistema educativo y sus componentes.
- Garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos que afectan al ámbito educativo.
- Velar por la aplicación de los principios y valores establecidos por la legislación vigente.
- Brindar información, asesoramiento y orientación a los distintos sectores de la comunidad educativa sobre sus derechos y responsabilidades.
- Preparar los informes requeridos por las autoridades educativas.
- Orientar a los equipos directivos en la implementación de medidas para la convivencia, participación y resolución de conflictos.
Para llevar a cabo estas responsabilidades, los inspectores deben revisar la documentación académica y administrativa de los diferentes centros educativos, así como familiarizarse con las propias actividades de los centros.
También deben emitir informes y requerimientos en el caso de detectar infracciones a la normativa vigente.
Si así lo necesita, puede contar con los servicios de otro personal, tanto del sector público como privado.
Fases de un expediente disciplinario a un funcionario docente
Este texto detalla el proceso de imposición de sanciones en casos de faltas graves o muy graves por parte de un profesor. El procedimiento se divide en varios pasos que vamos a ver a continuación.
Ordenación
Se inicia de oficio y se ajusta a lo establecido en la norma.
Puede incluir una fase de información reservada para aclarar los hechos y determinar la posible responsabilidad. Esta fase no está sujeta a reglas procesales específicas, pero se deben documentar todas las actuaciones.
Fase de inicio
Todo expediente disciplinario debe comenzar de oficio, ya sea por orden superior o denuncia.
La autoridad que ordenó la incoación puede tomar medidas provisionales para asegurar la eficacia del proceso, evitando siempre perjuicios irreparables o violaciones de derechos.
Fase instructora
Inicia con la notificación del acuerdo de incoación y designación de instructor y secretario.
Contiene información sobre el presunto responsable, los hechos, el instructor, el órgano competente y las medidas provisionales.
El instructor lleva a cabo diligencias para determinar y comprobar los hechos y, posteriormente, formular el pliego de cargos.
Resolución
La fase sancionadora o terminación del procedimiento debe ser emitida en un plazo de diez días, salvo en casos de separación del servicio. Debe resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente y estar debidamente motivado.
Las sanciones impuestas se registran y se pueden cancelar de oficio la solicitud del interesado en el Registro Central de Personal.
