En nuestro ordenamiento jurídico, el recurso de alzada es una herramienta fundamental dentro de la esfera administrativa.
Esta herramienta permite a los ciudadanos impugnar decisiones administrativas que consideren injustas o contrarias a derecho, otorgándoles la posibilidad de solicitar la revisión y rectificación de resoluciones emitidas por órganos administrativos.
El recurso de alzada, que opera como instancia previa a la vía judicial, brinda, precisamente, la opción de agotar los recursos administrativos antes de recurrir a instancias judiciales, fortaleciendo así el principio de legalidad y garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva.
En este artículo, exploraremos en detalle qué es el recurso de alzada, sus características, qué actos se pueden recurrir en alzada, cuál es el procedimiento y plazos a seguir, además de ver su relevancia en el contexto de la defensa de los derechos de los ciudadanos ante la administración pública.
¿Qué es un recurso de alzada?
Un recurso de alzada es un procedimiento administrativo que permite a una persona impugnar, revisar o reclamar contra una resolución, acto de trámite o decisión administrativa emitida por un órgano de la administración pública que considere injusta o contraria a derecho. Este recurso se presenta ante el mismo órgano que tomó la decisión impugnada, solicitando una revisión de dicha resolución cuando no pongan fin a la vía administrativa ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
El recurso de alzada viene recogido dentro de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Al interponer un recurso de alzada, se busca que el órgano administrativo revisor, que generalmente es de nivel jerárquico superior al que tomó la decisión impugnada, reconsidere la situación, corrija posibles errores o resuelva las inconsistencias presentes en la resolución inicial.
¿Qué actos se pueden recurrir en alzada?
El recurso de alzada se utiliza en diversas situaciones dentro del ámbito administrativo, permitiendo a los ciudadanos, empresas u otras entidades impugnar decisiones, actos o resoluciones de la administración pública que consideren injustas, erróneas, ilegales o contrarias a derecho.
Algunas de las situaciones más comunes por las que se puede interponer este recurso son las siguientes:
- Resoluciones Administrativas: Cuando se emite una resolución por parte de un órgano administrativo que se considera incorrecta, injusta o contraria a la normativa legal, se puede interponer un recurso de alzada para solicitar su revisión.
- Sanciones o Multas: Ante la imposición de sanciones o multas por parte de una autoridad administrativa, si se considera que la decisión es desproporcionada o carece de fundamento legal, se puede recurrir a este mecanismo para cuestionar la sanción.
- Resoluciones de la Seguridad Social: En el caso de que se niegue una prestación, subsidio o se establezca una pensión en cuantía menor a la esperada, se puede recurrir mediante alzada para solicitar una revisión de la resolución.
- Procesos de Expropiación: En el caso de expropiaciones por parte de la administración, si se considera que el procedimiento o la valoración realizada no se ajustan a derecho, se puede presentar este recurso.
- Trámites Administrativos: En situaciones donde se solicita un beneficio, permiso, autorización u otro tipo de gestión administrativa y se deniega sin razón justificada o en desacuerdo con la legislación aplicable, se puede utilizar este recurso.
- Otros Actos Administrativos: Cualquier acto, decisión o resolución emitida por una entidad de la administración pública que se considere perjudicial o contraria a derecho puede ser objeto de un recurso de alzada.
- Decisiones en materia tributaria: Si se emite una liquidación o se establece un valor catastral que no se ajusta a la realidad o a la normativa fiscal, se puede recurrir mediante un recurso de alzada para solicitar una revisión.
- Autorizaciones o permisos denegados: Si una entidad administrativa deniega la concesión de un permiso, licencia o autorización sin fundamentos sólidos o contraviniendo la ley, se puede interponer un recurso de alzada para impugnar esa decisión.
Es importante tener en cuenta que la posibilidad de interponer un recurso de alzada puede estar sujeta a plazos específicos y requisitos formales establecidos por la ley.
Este recurso permite a los ciudadanos impugnar las decisiones administrativas ante una autoridad superior, buscando una revisión imparcial y ajustada a derecho.
¿Cómo podemos presentar un recurso de alzada?
Presentar un recurso de alzada es un trámite sin demasiada complejidad.
Debemos presentar la solicitud del recurso de alzada ante el organismo que dictó el propio acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo (el órgano superior jerárquico del que los dictó).
La solicitud deberá incluir nombre y apellidos del interesado (persona que presenta el recurso), DNI y domicilio, además del acto administrativo que se recurre y los motivos para recurrir el mismo.
También debemos indicar al órgano administrativo al que se dirige el recurso y es conveniente llevar dos copias del escrito correctamente rellenadas.
Es importante presentar el recurso dentro del plazo indicado y con la forma correcta.
¿Dónde se presenta el recurso?
Como hemos visto en el punto anterior, debemos presentar el recurso de alzada ante el organismo que dictó el propio acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo.
Podremos presentar este recurso ante los registros de la Administración General del Estado, de cada Comunidad Autónoma o, si lo prefieres, acudiendo a una oficina de Correos y enviando un correo administrativo.
Resolución del recurso de alzada
La resolución del recurso de alzada tardará como máximo 3 meses.
Si transcurre este plazo y no se recibe ninguna notificación con la resolución del recurso de alzada, deberemos entender desestimado el recurso mediante silencio administrativo.
Normalmente, contra la resolución del recurso de alzada no existe la posibilidad de presentar ningún otro recurso administrativo.
Solamente se podrá presentar un recurso extraordinario de revisión en casos en los que al dictar el acto se hubiese incurrido en error, cuando en el dictamen de la resolución hubiesen influido actos de prevaricación, cohecho, violencia, etc.
Plazos para interponer el recurso de alzada
El plazo para interponer un recurso de este tipo será de un mes si el acto es expreso, es decir, si el acto es dictado de modo expreso y expuesto de forma clara, normalmente por escrito.
En el caso de que se tratase de otro tipo de acto, el interesado podrá interponer el recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
