El silencio administrativo es un viejo conocido en el entramado burocrático en el mundo del derecho administrativo, el cual se considera, en esencia, una «modalidad» de respuesta que adopta la Administración ante algunos procedimientos.
En este artículo veremos en qué consiste exactamente el silencio administrativo, cuáles son sus distintas modalidades, su marco legal y, sobre todo, su impacto en los derechos de los ciudadanos y en la efectividad de la Administración Pública.
Si quieres entender de forma sencilla y rápida en qué consiste el silencio administrativo, quédate por aquí y acompáñame en la lectura de este artículo.
¿Qué es el silencio administrativo?
Cuando hablamos de silencio administrativo, básicamente, nos referimos a la falta de pronunciamiento explícito por parte de la administración pública ante una solicitud, trámite o recurso presentado por un ciudadano o entidad.
Dicho de otro modo, cuando un particular realiza una gestión ante una entidad gubernamental y esta no emite una respuesta expresa dentro del plazo legal establecido, se considera que ha operado el silencio administrativo.
Por lo tanto, su aplicación y consecuencias están sujetas a las disposiciones legales específicas de cada país o sistema jurídico.
¿Cuál es su regulación?
En España, el silencio administrativo está regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta ley establece el marco jurídico para el funcionamiento de la administración pública y los procedimientos que deben seguirse en las relaciones entre los ciudadanos y las entidades gubernamentales.
En cuanto al silencio administrativo, esta ley establece que este puede tener efectos positivos (silencio administrativo positivo) o negativos (silencio administrativo negativo), dependiendo del tipo de procedimiento y de la naturaleza de la solicitud realizada.
Tipos de silencio administrativo
Nuestro ordenamiento jurídico clasifica el silencio administrativo en dos tipos: el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo.
Ambas modalidades de silencio administrativo son fundamentales en el marco de nuestro ordenamiento jurídico para determinar cómo la falta de respuesta expresa por parte de la Administración impacta en las solicitudes y trámites realizados por los ciudadanos ante las entidades gubernamentales.
A continuación, vamos a ver con más detalle cada uno de ellos.
¿Cuándo se considera el silencio administrativo positivo?
En situaciones donde la normativa aplicable no establezca lo contrario, el silencio administrativo se considera positivo.
Esto significa que si un ciudadano presenta una solicitud a una administración pública y no se emite una respuesta expresa dentro del plazo establecido por la ley para dicho trámite, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada o aceptada tácitamente por la administración.
¿Cuándo se considera silencio administrativo negativo?
Por el contrario, existen casos en los que la ley establece que el silencio administrativo será negativo.
En estas circunstancias, si el ciudadano presenta una solicitud y no recibe una respuesta expresa dentro del plazo establecido por la ley, se entenderá que la solicitud ha sido denegada o rechazada por la administración.
Esto implica que el solicitante no ha obtenido la autorización o el beneplácito para su petición.
Es importante mencionar que la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contempla estos dos tipos de silencio administrativo, pero también establece excepciones y situaciones particulares en las que se excluye la aplicación del silencio administrativo, así como plazos específicos para su operatividad en distintos procedimientos administrativos.
¿Cuáles son los plazos del silencio administrativo?
En España, el plazo para que opere el silencio administrativo varía según el tipo de procedimiento y la normativa específica que regula cada caso.
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece diferentes plazos para diferentes tipos de procedimientos administrativos.
De manera general, el plazo del silencio administrativo se determina en función de si la normativa específica establece un plazo concreto para resolver la solicitud presentada por el ciudadano ante la administración pública.
Estos plazos pueden variar, pero, en ausencia de una regulación específica en una normativa particular, se aplican los siguientes plazos generales:
- Silencio Administrativo Positivo: Si la normativa no establece un plazo específico para resolver una solicitud, se aplican los siguientes plazos:
- Para procedimientos simples: En aquellos procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el tiempo será de 3 meses desde la presentación de la solicitud.
- Para procedimientos de carácter complejo: transcurridos 6 meses desde la presentación de la solicitud.
- Silencio Administrativo Negativo: El plazo varía dependiendo del tipo de procedimiento, pero, en general, suele ser de 3 meses desde la presentación de la solicitud.
Es importante destacar que existen excepciones y particularidades en ciertos procedimientos administrativos, donde la normativa específica establece plazos diferentes para la aplicación del silencio administrativo.
Por lo tanto, es fundamental revisar la normativa correspondiente a cada caso concreto para conocer los plazos precisos que se aplican en el ámbito de la solicitud o trámite ante la Administración Pública en España.
¿Qué efectos tiene el silencio administrativo?
Los efectos del silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, pueden tener implicaciones significativas en el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública en nuestro país.
Estos efectos varían dependiendo de si se trata de un silencio administrativo positivo o negativo.
Efectos del silencio administrativo positivo
El silencio administrativo positivo tiene un efecto de aprobación tácita. Es decir, cuando opera el silencio administrativo positivo, se considera que la solicitud del interesado ha sido aceptada o aprobada por la Administración debido a la falta de respuesta expresa dentro del plazo legal establecido. Esto permite al solicitante actuar como si hubiera obtenido la aprobación oficial para su solicitud.
Efectos del silencio administrativo negativo
El silencio administrativo negativo tiene el efecto de denegación tácita. La falta de respuesta expresa dentro del plazo legal se interpreta como una denegación o rechazo de la solicitud presentada por el ciudadano. Esto significa que la administración no ha otorgado la autorización o el consentimiento para la petición realizada.
Es esencial tener en cuenta que los efectos del silencio administrativo pueden estar regulados de manera diferente según la normativa específica de cada procedimiento administrativo.
En algunos casos, las leyes pueden establecer excepciones en las cuales el silencio administrativo no se aplica o puede establecerse la posibilidad de recursos o acciones legales para impugnar la decisión implícita derivada del silencio.
En resumen, los efectos del silencio administrativo pueden tener un impacto directo en los derechos y obligaciones de los ciudadanos ante la administración pública.
La falta de respuesta expresa dentro de los plazos establecidos puede ser interpretada como una aprobación tácita o una denegación implícita de las solicitudes presentadas, lo que repercute en la relación entre el individuo y el ente gubernamental.
¿En qué situaciones la Administración responde con silencio administrativo?
Los efectos del silencio administrativo pueden ser diferentes según este sea positivo o negativo.
A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de situaciones en las que el silencio de la administración debe interpretarse como una respuesta positiva y cuando como una negativa.
Efecto estimatorio del silencio
En los procedimientos solicitados por una persona o entidad, si el plazo máximo establecido para recibir una respuesta oficial de la administración pública vence sin que se haya emitido una resolución expresa, se considera que la solicitud ha sido aceptada implícitamente por el silencio administrativo.
Sin embargo, esta regla no aplica en casos específicos donde una ley o normativa de la Unión Europea o del ámbito internacional indique lo contrario.
Además, esta regla también se aplica cuando se presenta un recurso de alzada contra la denegación implícita de una solicitud debido a la falta de respuesta dentro del plazo establecido.
En este caso, si el órgano administrativo competente no emite una resolución expresa antes de que venza el plazo, se considera que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo, a menos que se trate de situaciones específicas que excluyan esta posibilidad.
Es importante resaltar que cuando una solicitud se estima por silencio administrativo, este acto se considera como el final del procedimiento administrativo, teniendo todos los efectos legales como si se tratase de una resolución expresa de la administración.
Efecto desestimatorio del silencio
En caso de que el silencio administrativo opere con efecto desestimatorio, su único impacto será permitir a los interesados presentar el recurso administrativo o judicial correspondiente, según lo establecido por la normativa vigente.
El silencio administrativo negativo debe entenderse en:
- En los procedimientos relacionados con el ejercicio del derecho de petición.
- En aquellos procedimientos donde su aprobación conllevaría transferir al solicitante o a terceros facultades sobre bienes públicos o servicios públicos.
- En los procedimientos que involucran actividades que podrían causar daños al medio ambiente.
- En los procedimientos de reclamación de compensaciones económicas a las Administraciones Públicas.
- En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, así como en los procesos de revisión iniciados a solicitud de los interesados.
Además, cuando un procedimiento esté relacionado con el acceso a actividades específicas o su ejercicio, la ley que establezca el carácter desestimatorio del silencio debe estar basada en razones imperiosas de interés general.
¿Está obligada la Administración a resolver en caso de silencio administrativo?
La ley establece que la Administración tiene la obligación de emitir una resolución oficial y notificarla en todos los procedimientos, independientemente de cómo hayan comenzado, incluso si el plazo para emitirla ha concluido y se ha producido el silencio administrativo.
En situaciones donde se haya producido el silencio por falta de una resolución expresa, la administración debe seguir estas pautas:
- En los casos en los que el silencio administrativo conlleva una aprobación tácita, una resolución expresa posterior solo podrá emitirse si confirma esa aprobación.
- En los casos en los que el silencio administrativo implica una denegación implícita, la resolución expresa que se emita después del vencimiento del plazo será decidida por la Administración sin estar condicionada por el sentido previo del silencio.
Validez de los actos administrativos producidos por silencio administrativo
Los actos administrativos que se generan por el silencio administrativo pueden ser utilizados:
- Frente a la propia Administración.
- Frente a cualquier individuo o entidad, ya sea pública o privada.
Estos actos administrativos empiezan a surtir efecto desde el momento en que vence el plazo máximo para que se dicte y notifique la resolución expresa, siempre y cuando dicha resolución no haya sido emitida. La existencia de estos actos puede ser demostrada mediante cualquier medio de prueba aceptado legalmente, incluso mediante un certificado que confirme la existencia del silencio administrativo.
Este certificado se emitirá automáticamente por el órgano competente para resolver en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que finaliza el plazo máximo para resolver el procedimiento.
A pesar de lo anterior, el interesado tiene la posibilidad de solicitar este certificado en cualquier momento. En este caso, el plazo de 15 días para que la Administración entregue el certificado comenzará a contar desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud sea recibida en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
